Un tribunal de Ámsterdam ha aprobado la extradición solicitada por España de una mujer de 27 años de nacionalidad neerlandesa sospechosa de financiar y preparar el atentado contra Alejo Vidal-Quadras el pasado nine de noviembre en Madrid, aunque ella ha negado cualquier vínculo con el ataque.
Aunque la ODI no garantiza la extradición automática, facilita la colaboración entre los países y puede conducir a la detención y posterior entrega del individuo.
Se le acusa de extorsión agravada, blanqueo de capitales, asociación para delinquir, tráfico ilícito de armas y municiones, terrorismo y financiamiento al terrorismo. Por estos delitos se enfrenta a la pena máxima en el país, get more info de 30 años de encarcelamiento. Saab aseguró que será juzgado “de manera implacable”, aunque durante la última década su hermano pudo constituir un imperio criminal desde una cárcel venezolana.
La falta de tratado de extradición dificulta la lucha contra el crimen transnacional, ya que los delincuentes pueden escapar de la justicia al refugiarse en países que no tienen acuerdos de extradición con otros países.
Los países pueden tomar medidas como emitir órdenes de captura internacionales, cooperar con otros países para llevar a cabo investigaciones conjuntas y aplicar sanciones económicas y políticas a los países que no cooperan en la lucha contra el crimen.
Estos señalamientos lo llevaron a un fuerte roce diplomático con Chile, uno de los países que más ha exigido cooperación activa de Venezuela para poner a raya a los criminales.
Para solicitar la extradición de una persona, el país requirente debe presentar pruebas que sustenten las acusaciones y cumplir con los requisitos establecidos en el tratado correspondiente.
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Para recibirlo, se constituyó una comisión integrada por dos fiscales especializados en delincuencia organizada, autoridades de la Policía científica y el Ministerio de Interior y Justicia.
Sin embargo, en algunos casos, se han logrado acuerdos de extradición basados en acuerdos de cooperación o presiones políticas.
Aunque no implican la entrega directa de personas, son una herramienta eficaz para recabar pruebas que respalden una solicitud de extradición.
España puede solicitar la extradición de prófugos de la justicia nacional a sus 26 socios de la Unión Europea y Reino Unido. También hay que destacar la disposición los 36 países de todo el mundo con los que las autoridades españolas han firmado extradiciones bilaterales.
La extradición se tramitará por la vía diplomática y la solicitud la realizará, por escrito, el Juez o Tribunal responsable de oficio o a instancia de parte.